Esta
semana me encontré con una nota que da risa y a la vez preocupa. Se trata del
alcalde priista del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, donde habitan
aproximadamente 20 mil habitantes, el edil encontró una rápida solución para
combatir a la delincuencia en ese lugar: tomar la justicia por mano propia y
matar a los delincuentes. Cuando vecinos le reclamaron el pasado jueves 10 que
atendiera una serie de atracos en la carretera México-Puebla, Andrés Cadena
Zamora les recomendó matar a los ladrones que entren a sus casas ya que él no
tiene la capacidad para atacar el problema.
Esto
no es para sorprenderse sino para documentar nuestro optimismo, como diría Monsiváis,
de acuerdo con la Conferencia Nacional
de Municipios de México (CNMM) 40% de los 2 mil 457 alcaldes del país se
encuentra amenazado por la delincuencia organizada. La inseguridad es tal que
algunos alcaldes ni siquiera viven en sus municipios. En las localidades
fronterizas del norte es común que el presidente municipal duerma en Estados
Unidos y de día despachan desde sus alcaldías. Asimismo de 2007 a 2013 la CNMM
ha contabilizado la muerte de 45 alcaldes en todo el país; ninguna de estas
muertes ha sido esclarecida en su totalidad.
Las
mafias presionan a los gobiernos locales para que les den dinero de las ya de
por sí saqueadas arcas municipales. La amenaza hacia ellos es simplemente que
(la delincuencia) revisa cuál es el presupuesto que tienen (los alcaldes) y les
piden de ahí cierto porcentaje de las obras. El 70% de los municipios mexicanos
están en la bancarrota. En este contexto, Ignacio López Mendoza, alcalde de
Santa Ana Maya (Michoacán) mantiene una huelga de hambre frente al Senado
mexicano desde el pasado viernes 4 de octubre para exigir más recursos para los
municipios.
Uno
de los problemas que se han detectado, es que México tiene más de mil 600
cuerpos policiales independientes lo cual genera un desorden y disparidad en
los métodos y técnicas que emplea cada corporación. Además un policía municipal
en México gana unos $378 dólares, 10 veces menos que un agente federal. Ser policía
en este país suele ser una última opción que se toma por necesidad y no por
vocación. Para reivindicar la función policial, así como al magisterio, urge
dignificar y restablecer el prestigio social de dichas profesiones.
Saber
de un alcalde que pide a sus gobernados matar a los delincuentes es revelador
pues sólo podemos imaginar cuántos presidentes municipales piensan de la misma
manera o están en la misma situación pero no lo externan. Las autoridades
locales se encuentran temerosas y rebasadas por el crimen organizado y por su
capacidad de fuego. Las autoridades estatales se han enfocado en proteger las
capitales de los estados o algunas zonas que consideran importantes, pero han
dejado en el olvido la coordinación que deben establecer con los municipios y
con la federación para crear mecanismos regionales que pongan atención en las
particularidades de cada una de ellas.
Ante
la ola de crímenes que azotan al país, la cual nuestras autoridades se niegan a
reconocer, cobra vigencia para la sociedad el debate sobre la necesidad y la
posibilidad de armarnos. Creo que todos los mexicanos deberíamos defender
nuestro derecho a la legal tenencia y portación de armas de fuego, en ese
sentido la organización ADA10
(Asociación por la Defensa del Artículo 10 Constitucional A.C.), cree que el
fomento de una cultura responsable de las armas de fuego para cualquier
actividad lícita, es parte esencial de un Estado democrático y liberal, donde
la correcta aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos son
parte fundamental. Es a partir de una sólida participación de la sociedad civil
que lograremos tener injerencia y
progresar en la defensa de nuestro derecho a poseer y portar armas de
fuego.
Debido
a la corrupción y complicidad del estado en su conjunto con la delincuencia --de
todos los tipos--, es legítimo para el pueblo tomar las armas para defenderse
no sólo de la delincuencia, sino también del propio estado que es el principal
generador de violencia y el principal administrador de impunidad. Los grupos
armados de autodefensa son anteriores a la conformación del estado y deben ser
reconocidos y respetados como fuente de soberanía popular. Sólo se entiende el
rechazo a estos fenómenos de autodefensas desde una visión centralista que
niega los más elementales principios del federalismo, no un federalismo clásico,
sino un federalismo de nuevo alcance, fuera de la verticalidad del derecho y
dentro de la disciplina de la administración pública.
Debemos
entender a la subsidiariedad como un principio de ética social referente a establecer un
equilibrio en la intervención complementaria y auxiliar de las formaciones
sociales mayores a favor de los
individuos y de las pequeñas comunidades. Podemos apreciar claramente
como este concepto no sólo no se aplica sino que es violentado por la
federación, dejando a las comunidades a su suerte, con policías infiltradas e
ineficaces y con alcaldes como el de Juan C. Bonilla, Puebla, que dicen
disparates sin medir los posibles efectos de sus declaraciones. El pueblo puede
y debe estar armado pero organizada y responsablemente, de lo contrario se
replicará y perpetuará la cultura de la antijuridicidad y sus indeseables consecuencias
sociales.
Twitter del autor: @danielxicori
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de noticia:
http://www.proceso.com.mx/?p=355176
